La muestra son las más de 10 mil mujeres y niñas asesinadas los últimos 10 años. Los 22 millones de mujeres mayores de 14 años que realizan trabajos no remunerados. Miles sin acceso a la salud, con el 60 por ciento de las mujeres que trabajan sin seguridad social. Las 120 mil mujeres y niñas violadas cada año. Con 8 de cada 100 mujeres sin saber leer ni escribir. El reclutamiento de cientos de mujeres y niñas a redes de trata y prostitución. Las mujeres además enfrentan la criminalización del aborto en 17 estados del país con penas que llegan hasta los 35 años de prisión.
     El narcotráfico ha sido el pretexto del gobierno para militarizar el país. Y trajo con esto un aumento inaudito de la impunidad, violaciones a los derechos humanos, horas de enfrentamiento a mitad de calle, detenciones ilegales, hostigamiento sexual, civiles asesinados y desapariciones a luchadores sociales en algunos estados del país, toques de queda, entre otras consecuencias para la población.
     Ya antes los feminicidios eran una tragedia, las cifras únicamente en Ciudad Juárez de 1993 a 2002 alcanzaban los 413 asesinatos de mujeres y niñas. Tan solo en 2010 Chihuahua sumó 446 muertes más, en el que coincidentemente es el estado más militarizado y violento del país.
     Los altos niveles de impunidad son la base de los feminicidios. El sistema judicial esta plagado de prejuicios machistas en sus leyes y marcado por la indolencia y el desprecio de muchas autoridades hacia los crímenes de mujeres.
     Fue en los tribunales donde en 2008, Catalina Ochoa, una de los tres jueces que liberó en 2010 al asesino confeso de Rubí Marisol Frayre, dirimió los cargos contra un asesino múltiple de mujeres en el conocido caso de Campo Algodonero, y resolvió su absolución.
     Mientras tanto, los familiares de las víctimas, que toman en sus manos la investigación, han sido criminalizados, perseguidos y asesinados (como el caso del cuñado de Marisela Escobedo).
     Pero en las cárceles del país tortura a presos (como hacía la directora de un penal en Torreón), se prostituye a presas (Penal de Santa Martha), se dan permisos para salir de noche, se dan fugas masivas, se encarcela a curas pederastas sólo los fines de semana (caso Laurencio Pérez en Guanajuato).
     Por eso, denunciamos que la tragedia que hoy se cierne sobre las mujeres en México obedece entre otras cosas a la impunidad y complicidad de las autoridades.
     Los últimos tres años se han cometido dos mil 50 asesinatos de mujeres y niñas, en 18 estados del país, según las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
     Contra las declaraciones del gobernador Enrique Peña Nieto, quien niega los feminicidios en el Edomex, esta entidad alcanzó 922 asesinatos de mujeres registrados entre 2005 y 2010 y 9 de cada 10 asesinatos de mujeres permanecen sin castigo.
     A un mes del crimen de Marisela Escobedo en Ciudad Juárez, sin un solo detenido, fue asesinada Susana Chávez, el 6 de enero, quien también fue parte activa en la lucha contra los feminicidios. Con ella suman tres las defensoras de derechos humanos asesinadas en Chihuahua en un año.
     Por todo esto, nosotras (trabajadoras, desempleadas, estudiantes, amas de casa, activistas, feministas, lesbianas feministas, defensoras y de la lucha anticapitalista), mujeres de América Latina y el Caribe que nos solidarizamos con nuestras hermanas mexicanas y todo el pueblo trabajador y pobre del país, queremos poner en pie una gran campaña unitaria de las organizaciones de mujeres, feministas, de la disidencia sexual, lesbianas, comisiones sindicales de mujeres, organismos de derechos humanos, estudiantiles y obreros, para que se oiga nuestra voz que reclama:

• ¡Alto a los feminicidios! ¡Ni una muerta más!

panyrosasmexico@gmail.com